Argentina
Daniel Paz / Humor gráfico argentino

En defensa propia

Por Juan Carlos Giuliani (ACTA)

3 - Enero - 2010 - Los factores de poder discuten en la Argentina de hoy en día si la deuda externa será pagada con las reservas del Banco Central o a través de partidas del Presupuesto Nacional. En cualquiera de los dos casos, el pueblo es el pato de la boda

.La cuestión no pasa por pagar la deuda externa con reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o con políticas de ajuste sino por emprender una auditoría de la deuda externa para distinguir lo legal de lo ilegal, lo legítimo de lo ilegítimo y, mientras tanto, priorizar definitivamente la enorme deuda social.

Los excedentes de la Renta Nacional depositados en el BCRA deben servir para promover el desarrollo económico con equidad social en lugar de seguir saciando la codicia de los "fondos buitres". En cuanto a los gurúes de la restauración neoliberal, deberían tener muy en cuenta que después de la rebelión de diciembre de 2001 nuestro pueblo no va a tolerar ningún ajuste.

Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.

La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.

Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.

En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones y Fernando De la Rúa la incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.

Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, se calcula que en la actualidad, durante el mandato de Cristina Fernández, el nivel de endeudamiento supera los 180.000 mil millones de dólares.

Alejandro Olmos –un patriota olvidado- inició la causa sobre la Deuda Externa en 1982 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emitió un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese ilícito. No obstante, esa deuda se sigue pagando y refinanciando.

En los cajones del Congreso de la Nación duerme desde hace casi una década el instrumento jurídico que permite determinar la responsabilidad política de cada uno de los actores en los sucesos que provocaron el fenomenal endeudamiento externo argentino.El juez Ballesteros declaró el archivo de la causa por la Deuda Externa y remitió copia al Congreso para que adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas".

La doctrina de la Deuda Odiosa fue inventada por los Estados Unidos en 1898, al finalizar la guerra con España por la isla de Cuba. Consiste en la inexigibilidad de las obligaciones que se contraen y pesan sobre el pueblo sin que las mismas hayan significado algún beneficio para éste.

nvocar la doctrina de la Deuda Odiosa es un arma jurídica y política de vital importancia para el pueblo argentino. La Deuda Externa fue una alquimia financiera que permitió que nada entrara realmente al país y que, a través del universo virtual de la cibernética, se pudieran transferir dólares a casas matrices o cuentas en el exterior.

El aumento incesante del endeudamiento externo no es ajeno al proceso de concentración y desnacionalización de la economía. La Deuda Externa contraída al margen del Congreso, la estatización de la deuda privada realizada por Cavallo durante la última dictadura militar y el persistente y puntual pago a los acreedores externos a costa del sacrificio del pueblo, ameritan separar la paja del trigo.

Argentina tiene que actuar en defensa propia: pagar lo que debe en buena ley y desconocer el endeudamiento ilegítimo e ilegal contraído a favor de los grupos económicos dominantes.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.

 

 



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Los trabajadores pagan la crisis y las patronales la usan para el chantaje

Por Julio C. Gambina

2 - Marzo - 2010 Uno de los impactos más crudos de la crisis de la economía mundial se mide en términos de empleos caídos, reducción de los salarios y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
Es un tema que se constata en la evolución del desempleo estadounidense que pasó del 6% al 10% en los últimos dos años, los de la crisis, y pese a la recuperación y salida de la recesión a finales del 2009. El abultado salvataje estatal en EEUU tuvo destino en grandes empresas con problemas económicos y financieros, que utilizaron los fondos para promover el ajuste al interior de las empresas, cerrando sucursales, talleres, plantas industriales, oficinas y salones de venta; cesanteando y licenciando personal, negociando reducción de ingresos y perdidas de derechos laborales; aunque también se derivaron recursos del salvataje para asegurar importantes ingresos de los principales ejecutivos de las grandes empresas en problemas. Luego de la recesión por un año y con dudas de una recidiva, la variable de ajuste son los trabajadores y sus familias, con un Estado que inclinó la balanza en favor de las empresas, los ejecutivos y los empresarios.

Pero no es solo EEUU, España con su 20% de desempleo, unos 4 millones de personas, en un país que era visibilizado como el milagro contemporáneo, se pone de manifiesto el mismo proceder y resultado. Era un país que había salido de la marginalidad europea gracias a la potenciación de la integración en el viejo continente y la lubricación de un mercado inmobiliario alentado por las finanzas continentales. Ahora, descargando la crisis sobre los trabajadores españoles, el capitalismo europeo pretende diluir una crisis profunda que afecta también a Grecia, a Portugal, a Irlanda, países que están colocados en la vidriera de la crisis. Claro que no siempre el fenómeno expresa la esencia, y detrás de los estados endeudados están los prestamistas: la banca francesa y alemana. Por ello, la crisis no es solo de la periferia europea, de los PIGS (por Portugal, Irlanda, Grecia y España), sino del centro bancario y económico de la Europa Unida: Francia y Alemania. Europa no está fuera de la crisis y los que pagan son los trabajadores. Esa es la razón de una conflictividad visible con el paro y movilización de los trabajadores griegos, en contraste con la negociación salarial que empujan las centrales sindicales de los países de Europa que subordinan la demanda salarial al chantaje empresarial de la crisis.

El hecho es que la crisis descarga su peso sobre los trabajadores, en EEUU y en Europa y actúa como un gran chantaje ejercido por el capital contra el trabajo y el conjunto social. Es un chantaje que enarbolan los organismos internacionales con sus recetas de ajuste y liberalización de la economía. De ese modo, la crisis se utiliza como excusa para avanzar en la ofensiva liberalizadora de los capitales más concentrados. Mientras se afectan ingresos y condiciones de vida de la población trabajadora se realiza un trabajo ideológico sobre el conjunto de la sociedad para legitimar los ajustes regresivos.

¿Por casa cómo andamos?

El interrogante es si ocurre algo distinto en nuestra región y especialmente en la Argentina. Un argumento generalizado es que las políticas activas de los Estados vienen a sostener el nivel de actividad, evitar la recesión y cuando se produce, salir rápidamente de ella. Es el argumento usado en EEUU para justificar el salvataje de empresas, de lo contrario, se sostiene, se estará peor. Es un discurso que merece ser discutido para pensar si cualquier modelo productivo, o cualquier tipo de sostenimiento del nivel de actividad es el adecuado para una calidad de vida que asegure soberanía alimentaria, energética, o financiera.

En nuestro país se insiste en el impulso a políticas activas para escaparle a la recesión, luego de un 2009 donde el ritmo de evolución de la economía cambió de signo. Entre 2003 y 2008 se verificó un importante crecimiento. Los valores reducidos de crecimiento para el 2009 son considerados un logro en las condiciones de la crisis. Lo cierto es que en el ciclo expansivo hubo crecimiento y por lo tanto ampliación del empleo, pero vale la pena interrogarse sobre ese crecimiento y sobre el tipo de empleo. Convengamos que buena parte del crecimiento se mide en toneladas de soja, o producción de una creciente explotación minera a cielo abierto, con efectos en el medio ambiente, la utilización de tóxicos y cantidades muy importantes de agua dulce. Hubo un crecimiento explicado en la expansión del automotor y su cultura contaminante, tema de discusión irresuelta en Copenhague. La construcción explica buena parte del crecimiento y si en el país no hubo crisis inmobiliaria o hipotecaria está más basada en los límites del crédito que en méritos del sistema bancario o la política financiera.

¿Ese es el crecimiento que se requiere? O pensando en términos soberanos se requiere volver a sustentar el privilegio de los valores y formas de desarrollo de la agricultura familiar, el abastecimiento para consumo de las personas en el país y la región, aunque claro, también del mundo. Ello supone la producción y uso soberano de la energía, recuperando empresas privatizadas o generando nuevas entidades estatales y/o asociadas a los interesados, tanto trabajadores como consumidores o usuarios. Todo lo dicho se sostiene en un momento de liquidez financiera nacional y regional que permite pensar una nueva arquitectura financiera regional para un desarrollo productivo alternativo.

Pero el tema no es solo el crecimiento, sino el tipo de ingresos que ese crecimiento generó y su correlato en desigualdad. Es cierto que Argentina mejoró sus indicadores respecto del pico de la crisis en 2002, pero no los mejoró estructuralmente con respecto a la situación de los 90´, o de los 80´. La mejoría relativa en el corto plazo se empaña en el largo plazo, porque el papel de los trabajadores, sus ingresos y su organicidad (mejor sería “falta de organicidad”) es funcional al tipo de relación que moldeó el capital desde los tiempos de la dictadura. La relación entre patronales y trabajadores cambió sustancialmente desde mediados de los 70´, terrorismo de estado mediante, y es una lectura que no es solo para la Argentina, es también extensible para la región sudamericana y para el capitalismo contemporáneo que está materializando en la presente crisis los objetivos de la ofensiva del capital implementada bajo el símbolo de las políticas neoliberales, la cara contemporánea de la explotación.

Lo cierto es que la crisis capitalista en curso significa un nuevo y duro golpe para los trabajadores en el mundo. No solo se trata de 50 millones de nuevos desocupados, sino de un escalón más en la ofensiva liberalizadora del capital. Es un fenómeno que avanza sobre la desorganización sindical y política del movimiento de trabajadores. Ello representa un desafío para los trabajadores que no puede resolverse con las armas y argumentos propios de un capitalismo de pleno empleo y políticas estatales de “bienestar”. El Estado capitalista en la crisis juega para restablecer el régimen del capital, que hoy demanda ajuste regresivo y liberalización afectando continuamente los intereses de los trabajadores. La subordinación del Estado al capital necesita ser cuestionada por los trabajadores para que la crisis deje de ser un chantaje y se transforme en oportunidad para los cambios de sistema de producción y el objetivo de satisfacer necesidades populares.

 

Julio Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA. Integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Integrante de ATTAC-Argentina.