28-Abril-2009- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó con una multa de 3.000 euros por una falta grave a la ex titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Santander, María Jesús García Pérez, por unas declaraciones en las que cuestionó la Ley Integral contra la Violencia de Género. La multa es superior incluso a la impuesta al juez Tirado, por dejar en libertad en un descuido, a un asesino pederasta que abusó y asesinó después a la pequeña Mariluz.
Está claro que criticar resulta más grave que dejar suelto a un asesino. Si una juez no está de acuerdo lo menos que podría hacer el CGPJ es escuchar, por muy descabelladas que fuesen las ideas. Son muchos los jueces que incluso estando de acuerdo con la ley, ven fallos graves, fallos que existen y se aprecian en las noticias de casi todos los días.

Está claro que no se aceptan críticas. Se ha formado un muro, un tabú tan grande que nadie se atreve ya a decir una palabra en contra. Pareciera que todo aquel que eleve su voz en este tema, será un amigo del maltratador o menosprecia a las víctimas. Nada más equivocado.

Pasa lo mismo en política, ya que cualquiera que critique a un socialista, ha de ser del PP y viceversa. Algunos aprovechan este hueco para hacer y deshacer con fines de lucro, sabiéndose cubiertos por una pátina de inmunidad mediática.

Fernando López Aguilar, en su apasionado discurso de campaña hacia las elecciones europeas, mencionó que su partido quería trasladar a Europa su política en la lucha contra la violencia de género. ¿Qué política es esa?

Las cifras y estadísticas sobre este tema, nos llevan a un pueblo de Valencia llamado Alaquas, ya que el índice de denuncias por violencia de género resulta más elevado que la media. ¿Cuál es la razón? ¿Hay algo en el agua? ¿Serán los fétidos olores provenientes de un vertedero cercano que envenenan el aire? Nada de eso. Resulta que todo es obra del servicio jurídico que el ayuntamiento ha puesto a disposición de las mujeres maltratadas, completamente gratuito. A simple vista parece algo positivo, incluso loable, pero cuando averiguamos que ese servicio jurídico está administrado por una sola letrada y que la procuradora (que por ley debería ser elección voluntaria del denunciante) es siempre la misma, y que ésta a su vez resulta ser la esposa de un alto funcionario del ayuntamiento, la cosa ya empieza a oscurecerse.

La letrada en cuestión se llama Juana Soriano y cobra 22 mil euros anuales solo por “asesorar” al ayuntamiento, aparte de cobrar cifras que llegan hasta los 800 euros por cada juicio celebrado, especialmente en casos de violencia de género. Juicios para colmo a los que no asiste en persona, porque que casi siempre envía una de sus pasantes. Además esta letrada lleva en exclusiva los asuntos legales del ayuntamiento, los particulares del alcalde (que en algunos casos paga el ayuntamiento sin razón justificada) así como las denuncias que se realizan contra los agentes de la policía municipal y todo esto sin dejar de llevar claro, los casos particulares que de forma independiente lleguen a su bufete, como divorcios y querellas.

Normal que exista un interés muy especial por llevar a la justicia cualquier atisbo de maltrato. Cada caso que cae, es dinero que suena en el bolsillo de la letrada, la procuradora… Dinero público, en este caso. Por eso la asistente judicial de asuntos sociales, en cuando sabe de algún caso, llama a las mujeres que denuncian, las lleva a su oficina y les promete todo tipo de servicios de asistencia con la condición de que renuncien al abogado que tengan, de oficio o particular, que renuncien a los psicólogos que en otras dependencias les hayan asignado. Casi todas las mujeres firman prácticamente sin saber lo que firman, porque ninguna de ellas está en condiciones de aprender leyes o preocuparse de si alguien gana o no dinero con eso. Bastante tienen ya. Para ellas todo parece aceptable ya que no les cuesta nada, porque no saben ni se les explica el negocio que con ellas se está haciendo.

Esta letrada, que a su vez era y es la letrada del padre del alcalde, pareciera que camina por el laberinto judicial con algún tipo de salvoconducto del colegio de abogados de Valencia ya que nunca prosperan las denuncias contra ella. Si a todo esto le añadimos las militancias políticas de su ex-marido (concejal del PSOE), del alcalde (PSOE) de la concejala de asuntos sociales (PSOE)… el tema parece una trama organizada.

Entre los abogados valencianos, sobre todo los que llevan el turno de oficio, a los que les corresponderían muchos de esos casos de violencia de género, hay malestar y algunos han elevado protestas al colegio de abogados, quejas que no han sido atendidas. Si se tiene un buen respaldo o enchufe en el colegio de abogados (ICAV) todo es posible.

¿Y qué dice el alcalde de todo esto? El alcalde, que es tanbién la máxima figura del PSOE en Valencia, secretario general del PSPV, no hace comentarios, anda muy ocupado con su nuevo cargo acusando al PP de corrupciones varias y pasa por completo de lo que ocurra en su pueblo. No digo que no esté enterado porque la letrada Juana Soriano es su amiga íntima desde hace años.

Las seis agrupaciones distintas de mujeres maltratadas que hay en este pueblo de 30 mil habitantes, piden que no se politice el asunto y actúan a la defensiva ante las denuncias de otros grupos políticos, sin mencionar que las seis agrupaciones reciben subvenciones del ayuntamiento. Tienen razón, este asunto no debería ser político, pero por desgracia son los políticos los que administran el dinero que paga las ayudas que reciben, dinero público, y bueno es que haya políticos dispuestos a impedir que este dinero se manipule de forma incorrecta.

Por otro lado, el colegio de procuradores de Valencia a quien hemos consultado, no desea investigar el asunto y no ve indicios de ninguna falta deontológica. No las ve porque no quiere abrir los ojos. Si revisaran los juicios de Juana Soriano de los últimos años y se fijaran quién ha sido la procuradora en todos ellos… Si se molestaran en preguntar a esas mujeres maltratadas si alguna ha elegido por voluntad propia a esa procuradora… o si saben qué es una procuradora, quizá se darían cuenta de que ninguna de esas mujeres, o casi ninguna, ha elegirlo a dicha procuradora porque el filtro creado por la letrada Juana Soriano y asuntos sociales lo impide. Simplemente se impone. No me sorprendería que esta trama tuviera también quién la proteja desde el colegio de procuradores.

En la oficina de asuntos sociales de Alaquas solo hay una persona que destaca con luz propia y es una psicóloga de turno, que cobra por asistir y dar tratamiento a las víctimas de malos tratos, a las que les recomienda ponerse en manos de Juana Soriano. No sabemos si una psicóloga que se declara y milita como anarquista radical feminista, sea la más adecuada para este servicio, pero dejando este detalle a un lado, a esta persona la contrataron para dar conferencias y charlas y se quedó en Alaquas. Aún no me han querido mostrar su contrato actual. No sé si el colegio de psicólogos podría interesarse y preguntarse por qué hay una sola psicóloga (que no está tiempo completo) para cubrir un servicio que parece tan solicitado y que debería ser tan importante o más que la asesoría legal.

Ha habido mujeres maltratadas que se han revelado. Una de ellas intentó denunciar lo que ocurría, y recibió el desprecio del mismísimo alcalde, la suspensión inmediata del tratamiento psicológico sin previo aviso y el abandono absoluto del personal de asuntos sociales. La dejaron totalmente sola en los juicios. Intentó hablar con el alcalde pero fue inútil, nunca la recibió. Preguntó si debía acudir al gobierno central y la persona responsable de la oficina de atención a la mujer, le dijo literalmente: “al gobierno central que le den por el culo”. Aún hoy, más de un año después, sigue esperando que la llamen. Con esta perspectiva, es normal que las víctimas callen y pasen por este aro.

El alcalde de Alaquas, el señor Jorge Alarte, es ni más ni menos el cerebro de esta presunta trama o especie de trama que por el momento solo ha engrosado la cuenta bancaria de Juana Soriano y la de la esposa de su secretario en funciones, la procuradora Elisa Pradas. Miedo me da pensar qué pasaría en Valencia si el gobierno de la generalitat estuviese en manos del señor Alarte y sus amigos.

Fernando López Aguilar, dijo que en las próximas elecciones se jugaba “la Europa de los mercaderes o la Europa social” . Me pregunto en cuál de las dos posiciona a Juana Soriano y a Jorge Alarte. Aguilar mencionó que su partido quería trasladar a Europa su política en la lucha contra la violencia de género. ¿Cuánto cobrará en Europa de Juana Soriano? Creo que el PSOE, o no sabe o no quiere saber, algo que habla bastante mal del partido y oscurece todavía más su futuro. Razón más para estudiar el declive de votantes. Nepotismo, enchufe, cooperativismo… ¿Son políticas del PSOE? ¿del PSPV? ¿particulares del Sr. Alarte?

¿Hay algo más mezquino, inmoral o repulsivo que aprovecharse de las víctimas, de la ignorancia, de la flaqueza de quien ha sufrido violencia, para sacar provecho político y económico? ¿Qué clase de políticos son capaces de hacer o permitir algo así?

No sé si todo esto es lucrarse con la violencia de género, no sé si es corrupción, pero desde luego, se le parece mucho.